En el papel todos afirman acción, pero en la realidad ¿son más palabras que acciones? La región lucha para que las políticas de ambiente sean un hecho y no un sueño.

Thelma López

La sostenibilidad ambiental emerge como una política crítica para los países alrededor del mundo. La presión de la sociedad civil y sectores internacionales ha creado atención a temas sensibles como disponibilidad del agua y el uso del suelo para actividades productivas. Además, exige a los gobiernos mayor regulación y mejor desempeño en el manejo de recursos naturales, así como inversión pública en desarrollo sostenible.

El Índice 2010 de Desempeño Medioambiental revela aspectos críticos de estas políticas. Mide 25 puntos que incluyen calidad del aire, agua, producción sostenible, entre otros. Este ranking que realiza cada dos años, revela que los países de Centroamérica han hecho avances en la creación de política pública, pero que deben resolver debilidades en la implementación de las mismas.

Asimismo, Centroamérica aparece como una región con divergencias. Sus focos de acción son diferentes en cada país, lo mismo que sus logros. Coinciden sin embargo, en varias problemáticas.

El diagnóstico

Costa Rica aparece como el líder regional en el aspecto medioambiental, al adueñarse de la tercera posición del ranking. Su principal iniciativa es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que establece los ejes para la meta más ambiciosa de ese país, ser C-neutrales para el 2021. Costa Rica también es pionera en el proyecto de ampliar su área protegida a través del programa de pago por servicios ambientales, el cual traslada fondos de los impuestos a los combustibles para actividades de reforestación, plantación y manejo del bosque. “Costa Rica ha venido defendiendo el tema de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD), no solo contemplando acciones de no degradación del bosque, sino que se mantenga la protección del bosque y el manejo forestal sostenible, y el incremento en el stock de carbono”, comentó Jorge Mario Rodríguez, director general de Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).

En el caso de Honduras, han existido iniciativas que buscan la protección y manejo de recursos como el Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, un instrumento que ha tenido poca aplicación; y la Estrategia de Biodiversidad y Plan de Acción que se elaboró desde el 2000 pero se ha descontinuado su aplicación. Dentro de los proyectos de reforestación que maneja Panamá se encuentra el Proyecto Piloto de Plantación para el Estudio de Factibilidad del Proyecto en Pequeña Escala de Aforestación/Reforestación de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). El objetivo es estudiar la captura de carbono (CO2).

¿Y el agua?

 Los esfuerzos de Costa Rica en estas dos grandes áreas no se han visto reflejado en otros temas. El país tiene ciertos conflictos ambientales en aspectos críticos como el agua.

“Existen ambigüedades en la legislación de agua existente y que hasta tanto no tengamos más que planes, legislación y reformas constitucionales que representen que el agua es un principio humano, no vamos a salir adelante”, confirmó Bernardo Aguilar, director de la Fundación Neotrópica en ese país.

La actual ley de aguas costarricense fue emitida en 1942; el proyecto de ley que plantea renovar dicha legislación está entrabado en el Congreso. En el caso de Guatemala no se cuenta con un marco regulatorio en materia de agua.

Aunque hay una intensión política en este tema, es muy poco en relación con lo que la problemática requiere. En Nicaragua, La Ley General de Aguas Nacionales rige la constitución e instalación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la cual debe ser creada por medio de laAsamblea Nacional. Esta es parte de las actividades propuestas para este 2010 por la Comisión de Medio Ambiente.

 Ordenamiento y emisiones

El control de emisiones y calidad del aire es otra debilidad de las legislaciones centroamericanas. Guatemala aún está por emitir la Ley de Aire y la Norma para Contaminantes Criterio, así como establecer el reglamento de emisiones para fuentes móviles. En El Salvador, según un estudio del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), el Balance de la gestión gubernamental salvadoreña en tema de la calidad del aire revela que este recurso está contaminado, en especial, en el Área Metropolitana de San Salvador y en las principales ciudades como Santa Ana (al occidente del país) y San Miguel (al oriente del territorio).

La muestra de que los reglamentos de tránsito no se cumplen al 100% en el tema del ambiente, aunado a que el 51% de dicha contaminación es generada por el transporte motorizado.

 En el caso del El Salvador se maneja una norma de Calidad del Aire Ambiental. Dicho documento se encarga de establecer los límites de inmisiones de los principales contaminantes del aire. Está enfocada a la salud de la población salvadoreña y a la vida de los animales silvestres del país.

Al igual que ciudad de Guatemala, el resto de los países de Centroamérica encuentra dificultades en el control de emisiones del sector transporte. El ordenamiento de las metrópolis centroamericanas, que incluye el control de emisiones, el manejo de desechos y el crecimiento sostenible, parece ser una tarea pendiente. Aunque en Costa Rica existe un Plan de Ordenamiento de la Gran Área Metropolitana y el Plan de Desarrollo Urbano y un Plan de Manejo de Desechos Sólidos, los mismos se encuentran en etapas de pruebas y viabilidad y no se han obtenido avances importantes a nivel nacional.

La controversia ambiental

 Si bien en el tema de legislación ambiental los avances han sido importantes, aunque dispares, los gobiernos centroamericanos no han estado exentos de controversia ambiental. En Costa Rica, la minería a cielo abierto ha despertado la inconformidad de varias comunidades, sectores ambientalistas y la población en general.

En Honduras, se encuentra en espera de discusión en el Congreso Nacional la nueva ley de minería, pues la Actual Ley de Fomento a la Minería se encuentra en suspenso. En Guatemala, hay inversiones del sector industrial que son apreciables, como el proyecto de la nueva cementera en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, frente a la cual hay una corriente de oposición de la población.

Esto también se da en la matriz energética: existe cierto rechazo de las hidroeléctricas, y rechaza los monocultivos, como palma africana y caña de azúcar. No hay certeza jurídica en las inversiones ni acuerdo social del modelo económico a seguir, confirmó César Barrios, Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco) y Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS).

En Nicaragua, se encuentra pendiente la revisión y ajuste del Decreto 33-95 sobre la disposición para el control de la contaminación proveniente de las descargas de aguas residuales, domésticas, industriales y agropecuarias, para hacer los ajustes de los parámetros máximos para los vertidos líquidos generados por las actividades domésticas, industriales y agropecuarias que descargan a la red de alcantarillado sanitario y a los cuerpos receptores, considerando criterios técnicos y ambientales para la protección de estos los cuerpos receptores, considerando también límites específicos para las descargas que drenan a cuerpos de agua superficiales como el Lago Xolotlàn de Managua y de Nicaragua (Cocibolca), tomando en consideración las características de uso y particularidades de los mismos.

La primera parte del estudio presentado por el CESTA en El Salvador plantea que los Gobiernos de El Salvador se han caracterizado por no tomar en cuenta el funcionamiento ni los límites de la naturaleza. Esta es la causa principal por la que hay una crisis ambiental grande. Un ejemplo de esta situación es que en 2004, el Gobierno modificó el artículo 263 A del Código Penal. Ahora, la Fiscalía no puede actuar de oficio en investigaciones de delitos ambientales. “Todo esto debilita la gestión ambiental”

Comentarios (0)