Julio Rolando Medina

En la medida que la esperanza de vida de los centroamericanos aumenta y baja el crecimiento demográfico, la presión sobre los sistemas privados de pensión del área se agrava, al crear una realidad donde las personas económicamente activas tienen muchos mayores problemas para sostener con sus aportaciones a una creciente población jubilada. Las posibilidades de relevo en las mismas condiciones se ven inciertas en un futuro.

En Centroamérica hay diversidad de escenarios en el sistema de pensiones. Mientras en Guatemala, Nicaragua y Honduras no existe una ley obligatoria de cotización y el sistema es administrado en su mayoría por el Estado, en El Salvador y Costa Rica sí hay obligatoriedad. En El Salvador existe un régimen de capitalización completo y administrado por dos empresas, es decir, privado, en Costa Rica hay un régimen complementario multipilar, con participación estatal y privado, dependiendo del ingreso y la voluntariedad del afiliado.

En el caso de Honduras, existe una Ley Voluntaria de Fondos de Pensiones donde las personas pueden decidir si aportan parte de sus ingresos mensuales para protegerse en los días en que ya no sean económicamente activos.

“Vemos muy cerca las posibilidades de una reforma que nos ubique en condiciones similares al mercado salvadoreño y el costarricense, bajo un esquema mixto donde coexistan los Institutos Previsionales actuales, pero donde se dé cabida a la iniciativa privada en el manejo de cuentas complementarias para pensiones e inclusive el manejo de cuentas laborales (cesantías) para los trabajadores bajo un esquema eminentemente mandatorio”, afirmó Carolina Fiallos, gerente de Mercadeo de AFP Atlántida, la única administradora privada de fondos de pensiones del país.

Fragilidad

En Honduras, solo el 25% de la población económicamente activa (PEA) cotiza a los diferentes programas de pensiones, cada uno creado por leyes especiales sin ninguna uniformidad de criterios en cuanto a contribuciones, techos de cotizaciones e inclusive de prestaciones a la hora del retiro laboral, que es uno de los grandes problemas para poder homologar el sistema en todo el país, como ha sucedido en Costa Rica y El Salvador.

“Esta falta de uniformidad ha venido creando desigualdades entre los sistemas existentes, ya que unos son más generosos que otros y en la mayoría de los casos sus reservas presentan condiciones de desequilibrio, en algunos de ellos ya irreversibles en detrimento de sus afiliados”, reveló Fiallos.

Se calcula que actualmente hay 450 000 personas mayores de 60 años que no cuentan con ningún tipo de cobertura, que se suman a los que han estado cotizando pero ahora enfrentan un destino inseguro al llegar a su jubilación, ya que comienzan a detectarse problemas de sostenibilidad por la incapacidad de los sistemas de cumplir con las obligaciones tras largos procesos de aportación por parte de los beneficiarios Uno de los problemas es el incremento de la esperanza de vida en el país, que hace que para algunas personas el pago de jubilación se pueda extender a entre 25 y 30 años, haciendo una relación de 10 a 1, es decir 10 cotizantes actuales se necesitan para mantener a un jubilado.

Poco sostenible

En Guatemala sucede casi lo mismo que en Honduras. Existen en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cerca de 1 millón de afiliados, que es aproximadamente el 25% de la PEA, y con la preocupación de que su sostenibilidad de largo plazo está en duda, de tal forma que las personas que cotizan lo ven más como un servicio de salud actual, que de previsión futura.

“Además del IGSS los bancos ofrecen un fondo de pensiones que no agrega ninguna novedad en relación a otros productos que ellos mismos ofrecen, tampoco hay urgencia legislativa de modificar hacia un sistema más moderno de capitalización individual al estilo chileno”, manifestó Paulo de León, del Área Económica Internacional del Central American Business Intelligence (CABI), Guatemala.

El Salvador, por su parte, tiene quizá el sistema más efectivo del área, no tanto en cobertura sino en capitalización, gracias a una reforma que entró en vigencia en 1998 y que sustituyó totalmente el régimen de reparto.

Cuando entró en vigencia la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (LSAP), se obligó a todos los menores de 36 años a la afiliación bajo el Sistema de Ahorro de Público (SAP), pero para los mayores de 36 años y menores de 55 años, era algo voluntario, y los mayores de esa edad se quedaron bajo el viejo sistema.

El acierto de sustituir

Así, en El Salvador, los Fondos de Pensiones son sustitutivos del régimen de seguridad social de largo plazo (indemnizatorio) patrocinado por el Estado en el pasado, de tal manera que prestan todo el servicio previsional (pensiones de vejez, invalidez y supervivencia), tal como lo hacían los institutos públicos que administraban regímenes de pensiones, pero ahora capitalizados individualmente.

En Costa Rica, el sistema se divide en cuatro tipos de regímenes, uno básico de beneficios definidos, uno complementario obligatorio y otro complementario voluntario, ambos capitalizables, además de uno no contributivo, para personas de escasos recursos que corre a cuenta del Estado. En el básico, donde todos deben estar incluidos, está cubierto el 56% de la PEA, alrededor de 1.1 millón de costarricenses.

“En el caso de la industria de capitalización laboral se pueden tomar planes voluntarios de pensiones complementarias, realizar aportes extraordinarios en la cuenta individual para el régimen obligatorio de pensiones. El afiliado, luego de 12 meses de permanencia en una operadora de pensiones, puede ejercer la libre transferencia y trasladarse a otra operadora sin costo alguno”, recordó Javier Cascante, superintendente de pensiones.

La pensión en los regímenes de beneficio definido, el más básico, está ligada a edad y cuotas y luego se establece un salario de referencia. Sobre ese promedio de salario resultante se calcula la pensión como un porcentaje. Para la capitalización individual, la pensión va en función del saldo acumulado en la cuenta individual por cotizaciones que determina libremente el beneficiario. Existen distintas modalidades a través de las cuales el pensionado puede disfrutar su pensión antes de su jubilación.

Se calcula que el saldo administrado por el Sistema Nacional de Pensiones más el fondo de capitalización laboral alcanzó, al cierre de junio del 2009, US$6617,5 millones, que es el 21,8% del PIB.

“La normativa exige que a partir del próximo año los afiliados al régimen obligatorio de pensiones deben optar por un plan de beneficios para acceder a los recursos acumulados en su cuenta, por eso a partir del próximo año se estarán ofreciendo nuevos productos o bien planes de beneficio para el disfrute de los recursos acumulados”, afirmó Marvin Rodríguez, gerente general de Popular Pensiones de Costa Rica.

No obstante, Lucía Fernández, gerente general de IBP Pensiones, se muestra preocupada. “El régimen obligatorio, el fondo de capitalización laboral y los fondos voluntarios han crecido en un 7% a nivel de dólares, es decir, hemos tenido un crecimiento real en el sistema, pero en el régimen voluntario hay un decrecimiento de activos, los usuarios están usando dinero para otros propósitos y consideran que el producto es rígido en tema de liquidez, requiere un procedimiento más flexible para la devolución de capital”, añadió.

Fernández dijo que el decrecimiento de fondos voluntarios en el 2008 fue incluso mayor, un 28%, “esto llama a la preocupación porque el sistema podría ser deficitario a largo plazo y si los trabajadores no nos preocupamos por nuestro régimen, lo que el sistema de régimen de invalidez, vejez y muerte no pueda cubrir deberá ser cubierto por un régimen no obligatorio”, adelantó.

¿Efecto crisis?

Y es que la crisis económica mundial ya comienza a mostrarse en estos sistemas, sumamente susceptibles a cualquier fenómeno externo o interno.

Por ejemplo Ernesto Hip, gerente general de BN Vital de Costa Rica, dijo que en un futuro cercano se podría comenzar a ver una disminución en las aportaciones mensuales de los afiliados.

Pero frente a la amenaza de la crisis económica, el sistema también puede encontrar una alternativa, “la industria de las pensiones complementarias debería dirigir sus esfuerzos a mejorar la legislación para poder obtener mayor provecho del ahorro interno que se puede dirigir hacia la producción e inversión en infraestructura, mediante títulos valores que protejan los fondos de los afiliados”, añadió Hip.

En El Salvador, sin embargo, la crisis financiera internacional no ha tenido ningún efecto en el sistema, pese a que todos son capitalizados, es decir, podría pensarse que están sujetos al vaivén del mercado, “los resultados no han sido tan dramáticos como en otros sistemas, ya que los fondos de pensiones están invertidos únicamente en instrumentos de deuda, de tal manera que los rendimientos han bajado, pero no se han experimentado pérdidas de capital, como ha sucedido con otras inversiones colectivas cuyos portafolios contienen instrumentos de participación, los cuales han compartido las pérdidas de los emisores”, señaló la Superintendencia en comunicación oficial.

En Guatemala, Nicaragua y Honduras, donde el sistema es estatal, no hay peligro de descapitalización a raíz de la crisis financiera mundial, más que un peligro por la caída del número de cotizantes a causa de la pérdida de empleos.

Para Cascante, superintendente de Pensiones de Costa Rica, la generación que actualmente está cotizando puede dormir tranquila. “Los regímenes de beneficio definido deben mantener una actualización permanente de la viabilidad financiera del régimen a través de los estudios actuariales, esto hará que el régimen sea sostenible y otorgue las pensiones según los beneficios definidos. Si esas decisiones se toman con tiempo, dentro de 20 años podremos estar gozando de las promesas que hoy tienen vigencia, en el régimen que los trabajadores aportan”, afirmó.

De acuerdo con Rodríguez, en un futuro se incorporará nuevos productos al mercado, como planes de beneficio, y posiblemente habrá una mejora a los actuales, como la administración de recursos, pero para otros, como Lucía Fernández, hay que tener mucha cautela, ya que los que contribuyen cada vez son menos.

“Es necesario elevar la cantidad de contribuyentes, hay que hacer revisión de estructura de aportación de los trabajadores si estamos pensando en invalidez, vejez y muerte. Eso se podría lograr a través de una exigencia de mayor aportación para mantener solidario el sistema o bien que cada trabajador se haga responsable de su propio fondo a través de una operadora”, concluyó.

REP. DOMINICANA: Mercado joven en ascenso

El sistema de pensiones de República Dominicana es relativamente joven. Todo el proceso de afiliación se inició en febrero del año 2003, cuando entró en funcionamiento el régimen contributivo que contempla con carácter de obligatoriedad la afiliación de los trabajadores con relación de dependencia.

En estos seis años de funcionamiento del sistema, la afiliación ha crecido rápidamente.

Solo para el 2003 se agregó más del 50% del total de afiliados registrados hasta marzo del 2009, mientras que a partir del año siguiente y hasta la fecha, la tasa de crecimiento de las incorporaciones se ha mantenido en promedio en un 11.6%

Actualmente, el mercado lo conforman cinco administradoras de fondos de pensión o AFP como se les conoce en ese país, las cuales se reparten más de dos millones de personas afiliadas al sistema de pensiones. AFP Popular y Scotia Crecer AFP concentran el 64.6 y 63.2% de los afiliados y cotizantes respectivamente.

El patrimonio de los fondos de pensión que administran las AFP ha incrementando su incidencia en la economía dominicana. Al cierre del primer trimestre del presente año, el patrimonio administrado representaba un 4.7% del PIB, mientras que para el 2003 era apenas el 1.1%.

Las últimas cifras disponibles a marzo del 2009 del mercado de pensiones dominicano, señalan que la población afiliada al sistema ascendió a 2 029 444, registrándose un incremento de 9.9% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, el total de cotizantes llegó a 938 933 personas, lo que representa el 46.3% del total de afiliados a esta fecha.

COSTA RICA: Crisis golpeó rentabilidad

El mercado de pensiones costarricense siguió fortaleciéndose durante los últimos años. Los fondos administrados por el sistema de pensiones totalizaron los US$5855 millones al cierre del 2008, lo que representó un crecimiento del 2.5%. A su vez, estos representaron cerca del 20% del PIB.

De estos recursos, el 57% corresponde a regímenes básicos, el 34% a los fondos de pensiones complementarias de capitalización individual, administrados por las operadoras de pensiones, y el 9% restante a otros fondos complementarios de capitalización colectiva de empleados de entidades públicas.

El alza en las tasas de interés, la depreciación del colón y la volatilidad de los mercados internacionales bajaron la rentabilidad anual de los fondos, que cerraron en el 2008 en 4% en el fondo de capitalización laboral, 3,9% en el régimen voluntario, mientras que en el régimen obligatorio de pensiones se ubicó en 3,7%,.

La industria de las pensiones sí vio un poco afectado su desempeño. Las operadoras de pensiones complementarias (OPC, como se les conoce en Costa Rica) presentaron una disminución de su activo total de 8,6%.

Este resultado se explica por la baja en la generación de las utilidades, la acumulación de pérdidas por la valoración a mercado de sus inversiones y por la reducción del capital mínimo de funcionamiento producto de la nueva normativa sobre suficiencia patrimonial de las entidades reguladas, que dispuso la posibilidad de recortar este requerimiento.

Las utilidades de las OPC fueron de US$3.6 millones al cierre del primer semestre del 2009.

EL SALVADOR: Entre competencia y solvencia

El mercado salvadoreño de administración de fondos de pensiones de capitalización individual obligatoria está compuesto únicamente por dos administradoras: AFP Crecer y la Administradora de Fondos de Pensión Confía (AFP Confía).

El crecimiento del mercado de pensiones salvadoreño está definido principalmente por el crecimiento de las personas que ingresan al mercado laboral como cotizantes.

Así, los resultados obtenidos por cada administradora dependen del crecimiento económico del país y de las estrategias utilizadas por cada una, para mantener sus clientes y atraer afiliados nuevos o de su competidor.

Al cierre de marzo 2009, los cotizantes activos del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) representan un 29.3% de la población económicamente activa salvadoreña, lo que equivale a 1 989 587 personas según cifras oficiales de la Dirección General de Estadística y Censos. De acuerdo con el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social (ISSS), en lo que va del año se han perdido aproximadamente cerca de 25 000 empleos, impactando principalmente al sector informal de la economía y las entidades maquiladoras.

A pesar de que solo dos compañías conforman la industria de pensiones en El Salvador, la competencia entre ambas es muy fuerte por atraer un mayor número de afiliados. Las inversiones de los fondos administrados por ellas se encuentran colocadas en instrumentos de diferentes emisores, alcanzando un total de US$4470 millones.

En los próximos años, el crecimiento dependerá del logro de una mayor recaudación y del crecimiento de la actividad económica del país.

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