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La más reciente crisis política de Honduras desdibujó el afianzamiento de la democracia en la región. Sin embargo, el último iforme Latinobarómetro consigna que el año inicia con una América Latina “más democrática, más tolerante, y más feliz”. Los analistas lo cuestionan.

Amafredo Castellanos

Se dice que la democracia se afianza en América Latina y particularmente en Centroamérica en medio de la incertidumbre que trajo la crisis económica internacional en 2009, sumado al impacto económico que en países como México trajo el virus AH1N1. Esta es la percepción de un informe concluyente del año 2009 elaborado por la corporación Latinobarómetro, en el que también se hace un amplio análisis respecto a lo que significó el golpe de Estado en Honduras.

Pese a ello, “América Latina aprecia más sus instituciones, sus presidentes, el mercado y está más satisfecha con su democracia”, sugiere el estudio.

La madurez hasta ahora alcanzada por la democracia de la región, es la reflexión que Latinobarómetro propone a manera de interrogante y frente a la cual analistas centroamericanos aportan su visión. William Pleitez, coordinador general del Informe de Desarrollo Humano de El Salvador, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), explica que en Centroamérica avanza “la típica democracia representativa” que “favorece una alternancia”, pero reconoce “rezagos importantes” en términos de una democracia participativa

. En Costa Rica, partiendo de una distinción entre los conceptos de “democracia” y “democratización”, con base en los principios enunciados por Robert Dahl y Samuel Huntington en su libro “La Tercera Ola”, Violeta Pallavicini, directora del Doctorado Centroamericano en Gobierno y Política Pública, considera que en Centroamérica y República Dominicana “hemos presenciado procesos de democratización (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, y República Dominicana) y perfeccionamiento del procedimiento de la democracia ”.

Recuerda que, de acuerdo con Huntington, la “democratización” es un proceso que implica el reemplazo de un gobierno que no ascendió al poder por medio de una elección popular por uno que lo haya sido. Sin embargo –destaca-, el proceso después de esa elección es sumamente complejo y prolongado ya que además de la consolidación de las reglas en torno al proceso electoral, es necesario el desarrollo de mecanismos de limitaciones al poder, implícito en el concepto de democracia, la promoción de la participación, y en definitiva la introducción de los valores democráticos en la cultura política del país.

El guatemalteco Renzo Rosal, director adjunto del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), converge, en su análisis particular de Guatemala, con los anteriores criterios.

 “Experimentamos en Guatemala un proceso democrático aún incipiente, que presenta signos de cierto crecimiento por el lado institucional y jurídico, pero menor en materia de desarrollo social, fortalecimiento de la ciudadanía. El Estado es débil, ya que no alcanza a cubrir la totalidad del territorio nacional, así como para atender el conjunto de demandas de los ciudadanos. El proceso se vuelve más complejo, por la acumulación de rezagos estructurales, a los cuales se suman demandas recientes. Hay un deterioro creciente, en donde la inseguridad y la falta de respuestas económicas (generación de empleo permanente) son los signos distintivos”, resume.

Marco Antonio Barahona, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), de Guatemala, no diverge: “Hasta el momento, después de la crisis de los años 80, considero que tanto en Guatemala como en el resto de países de Centroamérica se ha afirmado la democracia representativa, electoral (aunque en contextos de Estados frágiles, sistemas políticos rígidos y sociedades excluyentes, como es el caso de Guatemala)”.

Democracia frente a la crisis económica

Con base en las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 2008-2009, el estudio de Latinobarómetro da cuenta que después de crecer en forma sostenida durante el período 2003-2008 a una tasa promedio anual de 4,8%, en el 2009 el PIB de América Latina y el Caribe se contrajo en alrededor de 1,6%. Esta caída –apunta- se traducirá en una disminución del PIB per capita regional de 2,7%. Para el 2010 la CEPAL estima que la recuperación de las economías de la región verificada en el segundo semestre de 2009 se mantendrá, con lo cual la tasa de crecimiento regional se situará en una cifra algo superior al 3,5%. La interrupción del dinamismo experimentado por la región a partir de 2003 se produce en un contexto de una crisis global. La fuerte expansión de la economía mundial, mostró claras señales de desaceleración a medida que se fueron expandiendo los efectos de la falta de solvencia de los deudores hipotecarios del segmento de alto riesgo de los Estados Unidos.

Varias han sido las explicaciones avanzadas para esta crisis, que a partir de septiembre de 2008 se expandió en forma acelerada al sistema fi nanciero internacional, y que afectó no solamente los mercados fi nancieros, también la actividad del sector real.

A partir de septiembre de 2008, se produjeron fuertes caídas en los precios de los activos y se desencadenó la peor crisis fi nanciera sistémica desde la crisis de los años treinta. Contrastando con las crisis pasadas que han afectado a países de América Latina y el Caribe en los años ochenta y noventa, esta es una crisis generada en los países desarrollados. Como ha señalado la CEPAL, con la excepción de algunas economías del Caribe, esta crisis encuentra la región mejor preparada que en el pasado.

Esta capacidad para resistir de mejor manera los embates de la crisis, no necesariamente es consecuencia de la democracia, o de la satisfacción que existe en los países por sus instituciones, de acuerdo con los analistas.

“La democracia no es una estrategia de reactivación económica; más bien, es un sistema de vida y no inmuniza a ningún país en contra de las crisis económicas. Indiscutiblemente, puede ser que lo favorezca en función del nivel en que se puede encontrar. En realidad, a eso específi camente no va dirigida”, señala Pleitez.

Pedro Prado, director del área económica de ASIES, considera que la crisis económica sí tuvo un impacto negativo en todas las economías de la región, tal y como lo demuestran los indicadores macroeconómicos. En su opinión, sí “afectó fuertemente y aun no se tiene certeza de la recuperación, aunque ya se presentan algunas señales: las remesas cayeron, el consumo cayó, los ingresos tributarios también disminuyeron”. Recordó que la crisis económica que se inició en el sistema fi nanciero internacional se convirtió en una crisis que afectó al sector real de la economía y advirtió que, en todo caso, “la capacidad de enfrentar la crisis por parte de los países latinoamericanos depende más de las condiciones macroeconómicas (défi cit fi scal manejable, coordinación entre la política monetaria y la política fi scal apoyado por la regulación del sistema fi nanciero, entre otros)”.

En opinión de Juan Bolívar Díaz, analista político dominicano, la mayoría de los países no han podido resistir la crisis económica, ya que “en todas partes ha hecho metástasis, en unos más que en otros. En los países grandes cuya economía está íntimamente ligada con la de los países desarrollados el golpe fue más duro”. “Casi todo los países de América Latina –hace ver- han sido golpeados, incluyendo República Dominicana”. En su opinión, lo que pasa es que “aquí tenemos una enorme capacidad para ocultar las realidades, aquí desconocemos cuántos empleos se perdieron, en qué medida se ha degradado la capacidad adquisitiva del consumidor dominicano, eso lo deducimos por la caída de las importaciones, exportaciones y las recaudaciones”.

Golpe en Honduras rompe la “tercera ola”

Uno de los temas más discordantes en la evaluación de la democracia en América Latina a cargo de Latinobarómetro, lo representa la ruptura constitucional en Honduras. El informe lo consigna así: En el año 2009, América Latina sufre por primera vez un golpe de estado después de 31 años, desde que se inaugurara la democracia en lo que ha sido llamado “la tercera ola de democracia”.

El 28 de Junio de 2009, los militares sacan a la fuerza al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y lo deportan al extranjero. Toma el poder Roberto Micheletti. Las organizaciones internacionales, comenzando por la OEA, y los líderes de la región no logran ningún avance en el intento de restituir la democracia en ese país.

De acuerdo con la visión planteada en el documento, el cuartelazo contra Manuel Zelaya devino de que éste “quiso impulsar reformas que fueron más allá de las mayorías que lo apoyaban”, en referencia al precario 25% del total de electores que lo llevó al poder en 2005. “Esto no justifica de ninguna manera el golpe de estado, pero lo explica plenamente”, destaca.

En conclusión, considera que el caso de Honduras ha tenido, por otra parte, tal vez, un efecto ejemplar en el resto de los países, mostrando el costo de aventurar ese camino. En opinión del guatemalteco Wilson Romero, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Rafael Landívar, es que “la lección que queda, viendo también el desarrollo político de Guatemala en los últimos años es que estamos frente a democracias con enorme fragilidad donde los poderes paralelos o grupos económicos de poder tienen la principal cuota en el ejercicio del poder”.

Coincide el analista Luis González de El Salvador, para quien, salvo el caso de Costa Rica, las democracias de la región son incipientes y se desarrollan con bastantes dificultades, y lo ocurrido en Honduras “evidencia la presencia de poderes democráticos que reaccionan al tratar de impedir la participación diferente del país. Eso fue lo que desató el golpe: la iniciativa del ex presidente Manuel Zelaya para hacer esas reformas constitucionales”. En cambio, para el también guatemalteco Juan Carlos Zapata, gerente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), lo ocurrido en Honduras “no puede catalogarse como un Golpe de Estado, sino como una sucesión de poderes en la cual se demuestra que ninguna persona puede estar por encima de la Ley.

El Presidente de la República fue electo por el pueblo y en el momento en que quiso desconocer los procesos democráticos, las instituciones representativas del pueblo hondureño a través de la institucionalidad removieron al presidente”. El debate es avivado por el panameño Belisario Rodríguez, quien analiza el rol de Estados Unidos y su vieja relación con Honduras.

“Es cierto que en la actualidad no se puede culpar a Estados Unidos de todos los problemas de América Latina. Empero existen hechos notorios en la situación de Honduras, el vínculo desde los años 50 del Pentágono con los militares hondureños, con las bases militares norteamericanas en Honduras desde donde se planificaron intervenciones militares a otros países centroamericanos en el siglo XX.

En Estados Unidos existen sectores conservadores que apoyaron al Golpe de Estado de Honduras y que buscaron una salida negociada favorable para el gobierno de facto de Roberto Micheletti” señaló. En tal sentido, Javier Meléndez, coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (IEEPP) de Nicaragua, considera que “es un asunto delicado lo que quedó después del caso hondureño. Sobre todo, porque al final de cuentas queda una sensación de que los golpistas se salieron con la suya”.

En resumen, si bien las democracias de la región, con la excepción de Costa Rica, siguen siendo débiles y no representan o cuentan con una “receta” para enfrentar las crisis económicas, sí permiten un aceptable nivel de consenso entre los distintos actores para resistir sus embates.

Algunos analistas advierten que esto no debe ser visto como un “logro”, por las secuelas que una crisis económica como la de 2009 puede dejar, especialmente en lo social. El caso de Honduras es un factor que desdibuja el afianzamiento de la democracia en la región, y que, a la vez, evidencia sus debilidades y los desafíos que tiene por delante.  

RECUADRO

Gobiernos de izquierda con perfil diferente

Los analistas y en algunos casos actores políticos consultados, separan a los gobiernos de izquierda en dos grupos.

El primero de corte autoritario (Venezuela y Nicaragua), y el segundo con un perfil democrático (Chile, El Salvador y Brasil). Para Ricardo Perdomo, analista económico y político de El Salvador, los gobiernos de izquierda tienen la ventaja de tener mayores grados de libertad frente a la influencia del poder económico.

“Pueden tener relación con ellos, pero no sumisión, lo que les permite construir sociedad más humanas y más justas”, expuso.

En cuanto al impacto en las economías que estos gobiernos registran, Renzo Rosal, director adjunto del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP) dijo que esto va a depender del modelo económico que cada gobierno pretenda impulsar.

 “Un gobierno de derecha puede tener un mal desempeño económico, en tanto que a un gobierno de izquierda le puede pasar lo contrario.

Un adecuado diálogo con los sectores empresariales, el equilibrio macroeconómico y un ambiente que propicie las inversiones puede ayudar a un adecuado desarrollo económico”, señaló  

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