Aunque ha recibido algunas críticas por ser sumamente permisiva, la nueva Ley de Incentivo a la Generación de Energía Renovable buscará revertir la actual distribución de la producción de electricidad, 70% térmica y solo 30% hídrica, que debido a las alzas en los precios de los combustibles ha derivado en problemas financieros para la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

De acuerdo con Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la nueva ley motivará a los empresarios a invertir sus capitales en un sector históricamente dominado por los fondos públicos, es decir en las represas hidroeléctricas, “estas irán sustituyendo a las plantas térmicas que son las que tienen a la ENEE en la quiebra y que nos tienen en esta crisis”, afirmó.

Para él, esta norma incentivará también la generación de energía eólica o de biomasa, pero sobre todo envía un mensaje de tranquilidad a la comunidad inversionista internacional.

Sin embargo, algunos sectores critican que los permisos de exclusividad que se ofrecen para realizar estudios de factibilidad y sobre todo la adquisición de contratos sin licitación en proyectos hídricos superiores a 40 megavatios, eliminan la posibilidad de obtener precios más bajos por kilovatio hora, pues descartan la posibilidad de competencia que se crearía si hay dos empresas interesadas en desarrollar el mismo proyecto.

La norma establece un precio fijo para la generación de todos los proyectos, de 7.1 centavos de dólar por kilovatio hora, un sobreprecio del 10% como incentivo adicional y aumentos anuales dependiendo de la inflación de Estados Unidos.

Con un mercado energético dominado por las empresas térmicas, el actual valor del kilovatio hora alcanza un promedio de casi 10 centavos de dólar, por lo que muchos consideran como positiva esta ley, pero otros ven que en países vecinos el valor de la energía hídrica no supera los 6.5 centavos de dólar por kilovatio hora.

Desde el punto de vista de los empresarios, lo más atractivo de esta ley son las exoneraciones fiscales, ya que se elimina el pago del impuesto sobre la renta, impuesto sobre venta, impuestos de importación para equipos y el impuesto por volumen, que se paga a las pequeñas municipalidades del interior del país donde se establezcan estos proyectos.

De acuerdo con Luis Cosenza, experto en temas energéticos y ex representante de Honduras ante el BID, una hidroeléctrica con capacidad para generar 50 megavatios requiere de una inversión cercana a los $100 millones, pero si vende toda su producción a la ENEE puede generar ingresos de hasta $16 millones al año.

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