Hugo Chávez llegó a Honduras y provocó todo un terremoto político-energético-fInanciero, donde los intereses de empresas particulares, la influencia geopolítica de Estados Unidos en la región, la condonación de la deuda externa y la crisis de los precios del petróleo se entremezclan para presentar a la alternativa venezolana, Petrocaribe, como una especie de fruta prohibida.
Las alzas en el precio del crudo hicieron que la factura petrolera de Honduras subiera en un 40%, de $1100 a $1500 millones al año, y obligó al Estado a iniciar un proceso de subsidio a los combustibles que le costó al erario nacional un desembolso adicional de cerca de $80 millones, todo para evitar que la inflación superara los dos dígitos, algo que se logró por escaso margen. por este:
Al inicio del 2007, las proyecciones mostraban una inflación de 6%, pero pese al subsidio gubernamental que evitó que se disparara la espiral inflacionaria a raíz de la crisis del petróleo, ésta se ubicó en 9.8%.
Alternativa
Para el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Edwin Araque, la oferta del gobierno de Venezuela es ideal para poder esquivar la crisis del petróleo, obtener financiamiento a intereses concesionales y al mismo tiempo obtener circulante para solucionar problemas financieros de entidades energéticas e invertir en proyectos productivos.
Araque también consideró que la oferta excede la concesionalidad de algunos organismos internacionales y de algunos otros países que otorgan créditos.
Se calcula que la compra de toda la demanda nacional de búnker a Venezuela significará una transacción de $300 millones al año, de los cuales $180 millones se pagarían en 90 días y los restantes $120 millones formarían este fideicomiso, $240 millones en los dos años del actual gobierno.
De acuerdo con Ricci Moncada, gerente de la ENEE, entidad que se encargaría del proceso de compra de búnker a través de Petrocaribe, este fideicomiso administrado por el Banco Central se dirigiría en un 30% a financiar la creación de represas hidroeléctricas, otro 30% para modernizar las líneas de transmisión de energía de la empresa estatal y reducir las pérdidas técnicas, y el restante 40% para impulsar proyectos de inversión para micro y pequeñas empresas y de vivienda.
No obstante, hay un sector que se opone, al considerar las implicaciones políticas que significaría aceptar un crédito del gobierno venezolano, pero también porque implicaría reiniciar la ruta del endeudamiento externo, cuando recién hace un año la comunidad internacional condonó más de $3000 millones al Estado.
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