Después de aprobación de ley moratoria, los bancos comerciales del país anunciaron el endurecimiento de sus requisitos para otorgar préstamos.

María Antonia López

El endurecimiento de los requisitos y revisión del historial crediticio para el sector productivo por parte de los bancos comerciales es el efecto inmediato y adopción de medidas de protección contra el riesgo financiero que adoptarán los bancos comerciales en Nicaragua a partir de la aprobación de una ley de moratoria que beneficia varias decenas de deudores fundamentalmente clientes de las empresas de microfinanzas.

Recientemente la Ley de Moratoria fue aprobada por la Asamblea Nacional por mayoría de votos. Los diputados de todas las bancadas apoyaron el proyecto de ley que tenía varios meses de rezago y estaban recibiendo la presión de grupos de productores que alegaban tener  mayores oportunidades para saldar sus deudas con las entidades de microcrédito establecidas en el país.

Los diputados indicaron que el proyecto de ley fue ampliamente debatido y discutido con todos los sectores involucrados, incluyendo la Asociación de Microfinanzas de Nicaragua (ASOMIF), quienes en voz de su presidente Julio Flores, ahora indican que esa ley pone en riesgo la colocación de pequeños créditos a los sectores rurales,  cuya cartera dominan desde hace muchos años desde que la banca comercial endureció sus requisitos dejándolos por fuera del mercado financiero.

Miembros de ASOMIF recurrieron ante el Asesor Económico Presidencial Bayardo Arce para que sirva de intermediario y provocar que el Presidente de la República, Daniel Ortega, vete la Ley y que esta quede inaplicable o bien sea sometida a una nueva discusión parlamentaria.

De igual, forma se acercaron a la directiva del Consejo Superior de la Empresa Privada, quien también abogó por la no aplicación de la Ley dado que esto vendrá a desestabilizar  al sistema financiero, además de crear inseguridad jurídica e institucional para aquellas entidades que confían en depositar fondos para asegurar el crédito mediante las microfinancieras.

Mientras tanto, la ley catalogada de excluyente, solamente contempla el beneficio para unos 5 mil  productores a nivel nacional, no así al resto de clientes que también tienen préstamos contratados con las microfinancieras, agregó Julio Flores.

Dicha posición, de veto a la ley también ha sido respaldada por la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua. Mientras tanto, indicaron que tomarán las medidas precautorias de analizar con mayor rigurosidad los créditos a los productores agropecuarios.

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