Diputados del partido Cambio Democrático reclaman credenciales del Parlacen, mientras que especialista sostienen que el Estado panameño debe pagar los salarios caídos a los diputados elegidos al foro centroamericano

Boris Ríos

Luego de que el magistrado Alejandro Moncada Luna, presidente de la Corte Suprema de Justicia, anunciara el día martes que Panamá debe volver a ser parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen) no han faltado las reacciones.

La Ley 78 del 11 de diciembre de 2009, que sacó a Panamá del Parlacen, impulsada por el órgano Ejecutivo, fue declarada inconstitucional unánimemente por los nueve magistrados que conforman la Corte.

Ante la noticia, siete miembros del partido oficialista Cambio Democrático (CD) que fueron elegidos en 2009 como diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) esperan que el Tribunal Electoral (TE) resuelva lo más pronto posible una solicitud de corrección a sus credenciales, para regresar a ese foro.

Estos piden al Tribunal Electoral  que les entregue nuevas credenciales, en las que se fije que su período como diputados termina en julio de 2014.

Y es que en las credenciales que les dieron el 10 de febrero de 2010 se fijó su período hasta el 24 de noviembre de 2010, fecha en que entró en vigencia la Ley 78 de 2009, la cual selló la salida de Panamá del Parlacen.

El Parlamento Centroamericano fue creado en 1991 y está integrado por 113 diputados, y los expresidentes y exvicepresidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana tienen derecho a ser miembros. Venezuela, México, Puerto Rico y Taiwan son observadores.

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