La voz clara y humana de la iglesia, que con tanta fuerza clamó justicia, alzando con sus brazos, su corazón y sus lágrimas un informe sobre atrocidades cometidas contra un pueblo humilde durante largos 36 años, fue quebrada. Con una piedra destrozaron el endeble cuerpo de un obispo que con un interés genuino por un “nunca más”, estuvo al frente de tan terrible recuento.
Era aquel el mayor signo de una impunidad que no
está dispuesta a ceder, enarbolada por los tradicionales grupos de la muerte,
ahora también en causa común con otros frentes criminales que han establecido,
con base en el dinero y la violencia, un poder capaz de someter a su voluntad a
las instituciones, aún aquellas en las que la población confió, mediante el ejercicio
del voto, por un sueño: la “Guatemala (de) nunca más”.
Fue necesaria, al cabo de unos años, la decisión de
la Organización de Naciones Unidas (ONU) de rescatar la democracia de Guatemala
de las fauces de las mafias. Así, por la misma observancia y preocupación de la
comunidad internacional, surge una comisión especial cuyo objetivo es hacer
frente a las organizaciones que se solazan con la captura de la justicia y la
seguridad. Se trata de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG).
Hoy, sin embargo, el jefe de esta comisión, el
español Carlos Castresana, dimite, con una amplia exposición que deja al
descubierto algunos elementos que permiten comprender el por qué de la
preocupación de un organismo como la ONU, respecto al sistema de justicia y
seguridad de Guatemala.
Castresana explicó que una campaña de desprestigio
en su contra y amenazas lo obligaron a renunciar, pero también alertó sobre el
perfil del nuevo fiscal general, Conrado Reyes, nombrado hace 3 semanas por el
presidente Álvaro Colom. “Su nombramiento es consecuencia de un pacto entre
despachos de abogados adoptistas (adopción ilegal de bebés) y despachos de
abogados que defienden a narcotraficantes”, develó.
“Reyes no es la persona que el Ministerio Público
necesita, no es el fiscal general que Guatemala merece, es una persona que
tiene un récord de corrupción en su historia personal, pero que en el
escasísimo tiempo que ha estado al frente de la institución ha demostrado
compromiso con organizaciones ilícitas y no con procesos del Estado de Derecho
y con los intereses generales de los guatemaltecos”, advirtió.
La reflexión es obligada: ¿Qué queda por hacer? ¿Qué
queda después de la ONU para garantizar que la justicia de Guatemala está en
buenas manos? ¿Hay algún poder en el planeta capaz de revertir esta pavorosa
realidad descrita por Castresana?









