No es lo mismo recortar gastos que reducir costos. Este es un tema de enfoque y de resultados. Para la mayoría de los empresarios no existe diferencia, y es que lo más sencillo es recortar recursos. Cuando hay situaciones de crisis la tendencia de la gerencia es a recortar gastos.

Recortan salarios, el uso de papel, el uso de combustible, alquilan un edificio más barato, etc. Esto conlleva una serie de inconvenientes como resultado de la reducción de los recursos.

El eliminar el recurso hace que el personal que queda tenga que lidiar con la demanda de servicio pero con menos, lo cual afecta los tiempos de entrega, la calidad, además de producir desmotivación, desgaste físico y mental.

El enfoque debe estar orientado más bien a evaluar los procesos de negocio para que estos consuman menos recursos. Este enfoque es uno de reducción de costos. Los costos se refieren al uso que le damos a los recursos, si el proceso es mejorado, simplificado o bien rediseñado, el efecto final es un uso menor de recursos y por ende de gastos.

El impacto se verá inclusive con mayor alcance en el estado financiero, pero con la diferencia de que la calidad de los servicios no se verá afectada.

¿Por dónde comenzamos? Identificando los procesos que agregan y no agregan valor, determinando dónde es que realmente se consumen los recursos innecesarios y reforzando los procesos de negocio que realmente son importantes. Para ello hay en el mercado metodologías y herramientas que ayudarán para ese propósito.

Llegó un nuevo presidente del Banco Central de Costa Rica y, como su predecesor bien le explicó, recibe una lista de “clavos” enormes. Francisco de Paula Gutiérrez se va del Banco después de 8 años en los que, a veces con uñas y dientes, trató de imponer una nueva forma de hacer política económica que no siempre funcionó.

¿Y por qué no siempre funcionó en mi opinión? Por qué trató de implementar un mercado desarrollado en un país poco desarrollado en temas financieros y cambiarios. Costa Rica es una banca tradicional, como el resto de Centroamérica, donde no existen productos sofisticados, el crédito es la cartera más grande y los bancos del Estado aún se encuentran en una disyuntiva entre hacer ganancias y cumplir con la misión social por la que fueron creados.

Tampoco estamos acostumbrados a un mercado de dinero muy alto, son pocos los participantes y muchos los capitales especulativos —aunque queremos negarlo—, lo cual influencia muchísimo en la volatilidad del tipo de cambio. Si a algún inversionista se le ocurre inyectar una cantidad enorme de dinero, de repente el tipo de cambio oscila los ¢14, que para los exportadores y los bancos se traduce en millones; mientras que el Central no tiene la facultad para inyectar dinero todos los días y a diferentes horas, como debería poder hacerlo.

Esta volatilidad no le ha caído bien a nadie, los exportadores se siguen quejando 3 años después y los bancos también. Cierto que se ha estabilizado y la intervención del Central es menor, pero tampoco existe certeza de cuándo y cómo volverá a intervenir. Como si fuera poco, la distancia entre el techo y el piso de la banda también es cuestionada.

Cierto que acostumbrarnos a un esquema volátil es difícil después de 22 años de minidevaluaciones, pero insisto en que el mercado necesita muchísimo más para que las bandas funcionen, entre estos puntos, el tema urgente de mecanismos de gestión de riesgo y una estructura que regule la intervención del Central.

Francisco de Paula Gutiérrez dice que no le urge que las bandas lleguen a su final, pero al país ciertamente le urge la instauración de un sistema de flotación administrada que brinde más certeza al mercado y se ajuste mejor a sus características.

Es normal que para esta fecha ya empecemos a pensar cuál será nuestro destino a visitar en verano, sobre todo cuando estas vacaciones implican viajar con su pareja, hijos, padres u otros parientes.

Para seleccionar un centro vacacional o crucero, por qué no, apropiado para que la experiencia nos resulte inolvidable, les presentaré varias opciones que vale la pena tomar en cuenta.

El ambiente relajado y tropical de los Cayos de la Florida es ideal para unas vacaciones en familia. Hawk's Cay Resort, en el cayito de 60 acres, Duck Key, a mitad del camino de Cayo Largo a Cayo Hueso, ofrece una laguna de agua salada protegida, ideal para niños (pues no hay oleaje), cinco piscinas y variedad de pasatiempos, incluyendo pesquería, deportes acuáticos y encuentros con delfines. El alojamiento en Hawk's Cay va desde habitaciones de hotel a suites y villas con cocina.

Para las familias que estén buscando magia para las vacaciones, el Disney Bay Lake Tower está a unos pasos del Reino Mágico, al que se puede ir caminando por un sendero pavimentado. Entre las opciones para el recreo están una piscina con deslizadero con pantalla gigante, una piscina de poca profundidad y una playa de lago con arena blanca.

También están los restaurantes Chef Mickey's con comidas y personajes de Disney, un salón de juegos electrónicos y tiendas. El alojamiento en el Bay Lake Tower incluye villas tipo estudio con cocinita y de uno, dos y tres dormitorios con cocina, lavadora, secadora y otras comodidades caseras.

Vacacionar frente al mar parecería ser lo ideal. En Palm Coast, el Hammock Beach Resort es un centro vacacional que te da el placer de disfrutar de millas de playa, un parque acuático con un “riachuelo”, deslizadero, piscina, dos campos de golf, un spa, canchas de tenis y un club para niños con actividades supervisadas.

Con asombro y espanto vemos cómo los grupos de pandilleros, con violencia y terror, pretenden doblegar a la justicia. El tema es de actualidad regional, pues los procedimientos son los mismos entre un país y otro. No hay duda de que estas organizaciones criminales cuentan con medios y recursos para mantener enlaces y poner en práctica acciones que tienen un mismo denominador común: la crueldad y el terror.

Lo ocurrido en El Salvador, donde ataques totalmente insensibles y sangrientos contra dos autobuses dejaron 17 muertos, de los cuales dos eran niñas, coloca a las instituciones de los países centroamericanos en la urgente necesidad y obligación de arremeter contra este flagelo que castiga, fundamentalmente, a la población civil. Las víctimas de estos hechos siempre son inocentes, y la cuota de sangre y sufrimiento que aportan en nuestros países siempre son un factor que inhibe y desestimula la productividad y el desarrollo de las sociedades.

Por eso, las instituciones no tienen otro camino que aquel que conduce a encontrarse de frente con el problema. Encararlo con toda su capacidad y recursos. No hay lugar ni tiempo para mantener una actitud pasiva, pues la responsabilidad de los Estados es proteger la vida de las personas. Lo ocurrido en El Salvador puede hacerse común y replicarse en países vecinos con mucha facilidad, porque los grupos de pandilleros tienen dominio en ciertos territorios, donde las autoridades ni siquiera son capaces de vigilar.

El trabajo que este desafío plantea no es sencillo. No se trata solo de meter a la cárcel a algunos de los presuntos responsables. La tarea es mucho más compleja y comienza por desmantelar las cúpulas de poder de las organizaciones. Los Estados cuentan con recursos suficientes. Si fueron capaces de enfrentar a movimientos insurgentes, con medios de inteligencia, no se ve razón por la cual no puedan perseguir a los líderes de estos grupos criminales, a menos que existan otro tipo de razones que tienen que ver con la transparencia y la honradez de quienes dirigen las instituciones.

Con una visión más de mediano plazo, el problema también exige, de manera no menos urgente, la implementación de políticas orientadas al combate de la pobreza, con un principio de inclusión y equidad social, para que las oportunidades y los beneficios de la economía estén al alcance de todos, sobre la base de la educación.

Cuando los países dependen en gran medida del financiamiento externo, se encuentran en una situación delicada que les exige un equilibrio y transparencia en las finanzas públicas, un déficit fiscal manejable donde la deuda interna y externa les permitan cierta flexibilidad y las políticas monetarias sean claras en temas como metas de inflación y fomento de la economía.

Nicaragua ha tenido una relación de amor-odio con los organismos internacionales desde hace varios años (ahora que lo pienso, desde el inicio del mandato de Daniel Ortega), que desencadenó con la pérdida de fondos de las delegaciones como Holanda y otros países nórdicos, lo cual ha obligado al país a reanudar las frías relaciones con viejos conocidos como Rusia, sin que eso signifique que el apoyo financiero que sus antiguos/nuevos socios le brindan iguale el apoyo que ha perdido.

Los organismos internacionales también han empezado a ver con preocupación, sigilo y hasta enojo que el país centroamericano ha fallado en cumplir con los requisitos mínimos que le confieren la confianza para administrar fondos. Durante las elecciones municipales el año pasado, el FMI y la Unión Europea levantaron quejas formales ante el Gobierno de Ortega por sospechas de fraude electoral, una clara violación a contratos de cooperación o acuerdos de financiamiento.

Desde ese momento, el FMI no confía en la capacidad de las autoridades para administrar fondos millonarios, enfocados en el sector agrícola, infraestructura, lucha contra pobreza y, en fin, todos los principales problemas de la empobrecida nación. El último capítulo de esta novela se reveló esta semana, cuando —y a pesar de que el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, anunció la reanudación de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en el marco del programa de Servicio de Crédito Ampliado— representantes del Fondo aseguraron que el desembolso de US$78 millones todavía no es seguro.

No solo se trata de los US$78 millones, la desconfianza genera una reacción en cadena, ya que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también anunció que los US$42,5 millones de apoyo presupuestario que el organismo tiene destinado para el país se encuentran sujetos a mantener un programa económico con el FMI, e incluso serán desembolsados en dependencia del desarrollo de las negociaciones con el Fondo.

Los fondos del BID serán una pequeña bocanada de aire fresco para el presupuesto nacional y el déficit fiscal, ya que serían empleados en medidas que incrementen la recaudación impositiva y la eficiencia presupuestaria.

En otras ocasiones, el presidente Ortega ha hecho declaraciones en donde asegura que el país no necesita del FMI o BID o incluso de la UE. Eso sí, fuera de cámaras, sus designados económicos continúan las negociaciones que siempre están empantanadas por una connotación política y una lucha ideológica que nada tiene que ver con un gasto exorbitante y la urgente necesidad de los sectores productivos de la economía.

Es justo y necesario contar con los mecanismos que aseguren, por ejemplo, protocolos explícitos para dirigir estos fondos a programas sociales, así como prácticas de monitoreo y evaluación de la efectividad de las intervenciones con el fin de optimizar el gasto. Sin esto, los Gobiernos tendrían vía libre para resolver incendios, aumentar el gasto permanente y dejar de lado lo más importante, los más necesitados. Esperemos que el Gobierno nicaragüense entienda esto.