En la mayoría de países centroamericanos la crisis de confianza se acelera, a partir de la débil percepción que se tiene del sistema democrático, las instituciones y los políticos, pero que, poco a poco, también va abarcando a los propios ciudadanos, del uno hacia el otro. Éste, sin duda, no es ningún signo alentador para los procesos de desarrollo económico y social al que aspiran los inversionistas y las empresas que están impulsando el sistema productivo de cada país. Por supuesto, tampoco es buena noticia para las perspectivas sociales de encuentro y esfuerzo conjunto hacia un mejor mañana para todos.

El estudio Gobernabilidad y Convivencia democrática en América Latina, elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con datos de 18 naciones de la región, entre los que se incluyen las centroamericanas, lo pone de relieve.

El estudio demuestra cómo la confianza y credibilidad en las instituciones se deteriora de manera acelerada. Resalta el hecho, por ejemplo, que los latinoamericanos confían más en la prensa que en el liderazgo nacional que representa el presidente. Indica que el 58.6 por ciento de los entrevistados confía mucho o algo en los medios de comunicación, mientras para el presidente la cifra es de 48 por ciento.

Pero la confianza en las instituciones es aún más precaria en el caso del Legislativo y los partidos políticos, con niveles de apenas el 31.5 por ciento y el 14.3 por ciento de aceptación, respectivamente.

“El dato más preocupante es que instituciones básicas para el desarrollo de las democracias como los partidos políticos y el Congreso obtuvieron una baja calificación”, declaró en conferencia de prensa el secretario general de FLACSO, el chileno Francisco Rojas.

Una lectura más detenida de los datos que arroja el estudio, pueden resultar aún más inquietantes que las percepciones del propio Rojas, particularmente para las sociedades centroamericanas.

Hay un capítulo dedicado a la “Confianza y honestidad en la comunidad”. De acuerdo con el estudio, el porcentaje que cree que las personas de la comunidad no son mayoritariamente honestas (49,5%) es ligeramente superior –por 2%- al que sí considera que son mayoritariamente honestas (47.5%). Los casos por país varían del promedio latinoamericano. Si se considera qué porcentaje es mayor, si el de aquellos que admite que las personas en la comunidad sí son mayoritariamente honestas, o el que dice que no lo son, se podrían formar dos grupos de países.

Los países donde proporcionalmente son más los que creen que las personas sí son honestas de forma mayoritaria son: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Al contrario, los países donde más personas creen que los demás no son honestos son: Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana.

Hay cifras altas en cuanto a que las personas no son honestas mayoritariamente. Guatemala (60,6%) y México (63.7%), principalmente, puesto que superan el 60%. Esto, sin creer que todo es producto de la idiosincrasia o el flolclore, es, sin duda, una mala noticia para nuestros países y nuestros pueblos y sus anhelos por un futuro de justicia, oportunidades y desarrollo.

La Asamblea General de Naciones Unidas decidió, en diciembre de 2008, conmemorar el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria el 19 de agosto de cada año. De manera que, casi imperceptiblemente, los centroamericanos asistimos a esta conmemoración que adquiere mucho significado para nuestros países, donde las guerras han marcado parte de nuestra historia y donde el llanto de los huérfanos y las viudas aún se escucha, con su tono triste y penetrante, en los valles por donde sigue sin renacer la esperanza.

En Centroamérica también guardamos en nuestra memoria el horror causado por tragedias y desastres naturales, como eventos que rompieron algún día una monotonía de pobreza extrema. Estos factores profundizan el dolor, casi invariable, que configuran nuestro presente, pero que, además, se conjugan con flagelos como la violencia, la corrupción y la indiferencia de las autoridades.

Más conscientes no podríamos estar los pueblos centroamericanos sobre la importancia que tiene el reconocer el valor de la Asistencia Humanitaria, porque muchas veces fue la mano que llegó hasta nuestras heridas con un espíritu de solidaridad y vida.

Hoy día, las Naciones Unidas nos recuerdan que esta fecha fue dedicada a conmemorar el valor de la Asistencia Humanitaria, para “que el público cobre mayor conciencia de las actividades de asistencia humanitaria en todo el mundo y de la importancia que reviste la cooperación internacional en este sentido, así como para rendir homenaje a todo el personal de asistencia humanitaria, incluido el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, que ha trabajado en la promoción de la causa humanitaria y a quienes han perecido en el ejercicio de sus funciones”.

Éste es un valor que, a los centroamericanos, nos corresponde no sólo agradecer y aplaudir, sino asumir y compartir. El compromiso debe ser permanente, porque los horrores y las tragedias aún son cosa de todos los días, sobre todo más allá de los valles y las montañas, donde viven los más pobres, donde los niños sufren hambre, falta de salud y donde la esperanza por una oportunidad para sus vidas, sigue enterrada.

El Día de la Asistencia Humanitaria también debe ser tenido como una oportunidad para rechazar la demagogia de políticos que pretenden disfrazar en un falso discurso de solidaridad, su recurrente esfuerzo por conservar o hacerse del poder sin más interés que el de su propio beneficio.

Con base en lo declarado por testigos protegidos, la justicia guatemalteca reabrió a fines del mes pasado la causa promovida por la muerte de siete reos en la Granja Penal de Pavón, la mayor cárcel del país, en septiembre de 2006, durante un operativo lanzado a gran escala por las fuerzas de seguridad. En esa ocasión la Procuraduría de los Derechos Humanos señaló en un informe que los reos muertos fueron "ejecutados" y responsabilizó a las autoridades a cargo del operativo que pretendía retomar el control del penal.

Como parte del juicio reabierto, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) consiguió que el tribunal a cargo del caso emitiera un total de 19 órdenes de captura, siete de las cuales ya se cumplieron y 12 quedaron pendientes, incluyendo la del ex ministro de Gobernación Rodolfo Vielman y la del ex director del Sistema Penitenciario y ex candidato presidencial Alejandro Giammattei, entre otros altos funcionarios del ramo de seguridad.

De esta manera, la justicia guatemalteca enfrenta un nuevo momento crítico producto de su propio ejercicio, el cual es visto con un alto grado de desconfianza por parte de la población, sobre todo unos días después que el flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, Erick Álvarez, resultara vinculado a un círculo dudoso de tráfico de influencias por su cercana relación con una joven asistente.

Los esfuerzos de la investigación judicial y persecución penal por el caso de la matanza de reos en Pavón podría convertirse en uno de los más importantes para la justicia guatemalteca en los últimos años y también en uno de los más emblemáticos para la CICIG, tomando en cuenta que ésta fue constituida precisamente para identificar y desarticular estructuras criminales dentro de las fuerzas de seguridad.

Pese a ello, estos esfuerzos de la justicia no coinciden con la percepción de los guatemaltecos, afectados por grupos criminales que actúan, incluso, desde el interior de los penales.

No por gusto un diario local destacó en su tapa que los funcionarios que actuaron en el operativo del penal de Pavón pasaron “de héroes a villanos”.

Muchos guatemaltecos reaccionaron desfavorablemente contra la persecución penal emprendida contra estos funcionarios: "Los derechos humanos sólo protegen a los criminales" o "como fueron policías y funcionarios los que participaron en la toma de (la cárcel de) Pavón, hoy tienen que ser castigados", no así "los reos que cometieron masacres en las mismas cárceles", fueron algunos de los comentarios publicados por el sitio Web del diario Prensa Libre, el más importante del país.

Las reacciones son razonables dada la poca confianza de la población en las instituciones y en nuevas muestras de los vicios y excesos en el sistema de justicia como las que transmite, ni más ni menos, que el magistrado presidente.

Habrá que esperar cuál es el desenlace del caso Pavón, que, sin duda, dejará muchas cosas claras. Habrá que esperar si los guatemaltecos le dan un voto de confianza a la justicia por los resultados que dicte en este caso, o si sus lágrimas y heridas son más profundas que su razón humana para creer y confiar.

Cada vez más lejano aquel conversatorio con los editores de la región, organizado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) como forma de conseguir apoyos para ir asentando un andamiaje capaz de levantar el interés por el crucial tema de la integración centroamericana, cierro la serie con unas reflexiones finales.

En la anterior entrega hice hincapié en la postura del empresariado centroamericano frente a la integración regional: firme respaldo, por sus ventajas como un mercado más amplio para la inversión y los negocios, y demanda a los gobiernos de los países del istmo de una clara “voluntad política”, una condición que de acuerdo a su visión no se cumplió por la ausencia de uno de los presidentes a la última reunión del SICA en San Salvador.

Con base en estos hechos, posiciones y discusiones, se percibe que el proceso de integración centroamericana es un objetivo en el que la mayoría cree, al que muchos apuestan y con el que todos sueñan, pero con la condición de que éste marche y se dirija por los caminos que guían según su propio interés. Esto, fácilmente, puede originar choques y retrocesos al sembrar de minas las rutas y profundizar los desacuerdos. ¿Cómo lograr que todos compartan la misma idea y no haya ausencias en las citas para que tampoco, luego, se convierta en una cosecha de señalamientos y descalificaciones?

Uno de los cinco puntos contenidos en la Declaración de San Salvador puede ofrecer una respuesta: el fortalecimiento de la institucionalidad regional.

En el mismo se señala: “14. Reafirmar nuestro compromiso de avanzar en el fortalecimiento de las instituciones de la integración regional, por lo que acordamos efectuar una revisión inmediata y a fondo de sus competencias, su funcionamiento, sus instrumentos jurídicos, la coordinación de sus acciones, y de los recursos asignados para su desempeño”.

Todos los actores están conscientes de esta prioridad, incluyendo al empresariado regional. El propio presidente de la Federación de Asociaciones de la Empresa Privada de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Fedepricap), el guatemalteco Carlos Amador, lo mencionó en su intervención en el Conversatorio: fortalecer la institucionalidad para la integración regional.

Los mandatarios deben agilizar este compromiso, comenzando por instruir a sus equipos especializados para que definan la forma de dotar a los organismos regionales involucrados las capacidades legales que necesitan para ser quienes dicten las reglas del juego, y velar porque los Estados las cumplan. Sólo así, el proceso de integración –en principio económica, pero más tarde política- dejará  de ser incierto y tambaleante y dejará de quedar sujeto a la interpretación que cada Estado le de, según el cambio de color de cada gobierno de turno. Por supuesto, todo inspirado en el bienestar de los pueblos centroamericanos.