El gobierno salvadoreño anunció que trabaja en reformas legales que ayuden a levantar el sistema de pensiones de ese país, que arrastra una deuda de US$13 millones del Estado. La sostenibilidad de los flujos de pensiones y fideicomisos de largo plazo de ese país están en riesgo desde varias administraciones, porque la legislación no contempla una forma de pago de la deuda a pensiones sino es a través del fideicomiso que se estableció hace algunos años.

Los sistemas de pensión en Centroamérica experimentan una delicadeza inusual. Con una seguridad social que cubre al 20% de la población, excepto Costa Rica y Panamá, es difícil prever un esquema que haga sostenible el sistema, la mayoría de los países se mueven inevitablemente hacia reformas profundas.

El problema que enfrentan países como los nuestros son, en primera instancia, conformar pequeñas economías con mercados financieros igual de pequeños y limitados en sus posibilidades de financiamiento para los fondos de pensiones. La proliferación de programas paralelos que cubren a cierto segmento de la población, la inadecuada provisión de los beneficios, pobre desempeño de inversión y pobre administración, han sido problemas experimentados por la mayoría de los países del centro del continente.

Escoger un nuevo esquema de reforma, sin embargo, no es sencillo. Cada país tiene una realidad socio económico y demográfico que requiere de un cuidadoso análisis. Tomar experiencias de nuestros vecinos sudamericanos puede ayudar en este análisis. Chile reformó su sistema de pensiones entre 1979 y 1981, por un esquema de reformas de pensiones sustitutivas, la cual homogenizó las condiciones de retiro de diferentes programas y se basó en la capitalización individual.

Otros países como Argentina han establecido un sistema mixto de pensiones que han fracasado por sus desbalances financieros. Mientras que Perú y Colombia cuentan con un sistema que se fundamente solamente en la capitalización individual.

Cualquiera que sea el camino, Centroamérica está obligada a replantear sus esquemas y definir una ruta que permita garantizar un sistema sano y sostenible en el largo plazo.

El congreso de Costa Rica anunció ayer que dará vía rápida al proyecto de Solidaridad Tributaria, conocido también como reforma fiscal. Esto significa que, para diciembre próximo, podría estar aprobado el proyecto de ley y estaría rigiendo a partir del 2012, con resultados para efectos del déficit primario a mediados de ese año, en el mejor de los escenarios.

La posibilidad de darle trámite acelerado a la propuesta se logró después de que el gobierno negociara un acuerdo con la fracción opositora Partido Acción Ciudadana (PAC) para hacer reformas importantes al texto sustitutivo, entre ellos la aplicación de un impuesto de renta global a ingresos provenientes del extranjero y establecimiento de impuestos a empresas de zonas francas, cuando así lo determinen los autoridades locales.

El plan fiscal ha perdido rumbo, es claro. En un esfuerzo por aprovechar la alianza entre dos partidos sumamente divergentes en su ideología, el gobierno, que tenía un objetivo meramente recaudador ha incluido dos elementos tan divergentes como el Impuesto de Valor Agregado y la renta mundial, éste último cambia el esquema actual de renta territorial y que cobrará impuestos a las personas y empresas con residencia fiscal en Costa Rica, sin importar donde generen el ingreso. Esto tendrá consecuencias en la Inversion Extranjera Directa porque se verán sujetas a un doble gravamen

Los dos puntos han despertado preocupación entre el sector privado, que aduce una pérdida irremediable de competitividad en caso de gravar a las empresas con se encuentra en régimen especial en el país, dado que esta tributo sería doble para trasnacionales que ya están siendo gravadas por sus rentas en los territorios donde se encuentran su casa matriz. Además, despierta preocupación por la minada competitividad de Costa Rica, que cada año es superada por vecinos como Panamá y Colombia en aspectos como trámites e infraestructura. Un tributo a las empresas de zonas francas podría significar un golpe a las intenciones de atraer mayor Inversión Extranjera Directa (IED), que se vería tentada a migrar hacia otros destinos.

La calificadora de riesgo Fitchh Ratings advirtió la semana pasada que si el deterioro fiscal persiste en El Salvador, la calificación soberana se revisará a la baja, por lo que urgen medidas a corto plazo para detener la tendencia negativa.

El llamado de atención de Fitch se une al de otros organismos internacionales que han levantado la voz de preocupación ante el deterioro del erario público salvadoreño, el más afectado de América Central, producto de la recesión económica que inició en 2008 y no parece terminar.

Fitch señaló que si el deterioro fiscal persiste, en el corto plazo bajarán la calificación de riesgo para El Salvador. Esta calificación mide la capacidad de pago de un Estado. Entre más baja es, más altos son los intereses que deberá pagar por préstamos y emisiones de bonos.

Un mayor control del gasto público es otra de las recomendaciones de la calificadora, que también destaca el bajo nivel de inversión privada en el país.

Y es que el aumento del gasto público como estrategia anticíclica se dio en estos años, para contrarrestar los shocks externos que la economía salvadoreña sufrió producto de una diminución importante de las remesas, menores exportaciones y la volatilidad de las materias primas y alimentos. Desgraciadamente, esta estrategia, si bien funcionó como escudo para prevenir una mayor debacle, ha dejado un Estado urgido de dinero que tiene pocas herramientas de recaudación de impuestos y obligado a focalizar mejor los subsidios y vigilar el nivel del gasto público.

La necesidad de reformas fiscales destaca más ahora, cuando la economía mundial da señales de una nueva recesión.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en su más reciente estudio, señala que El Salvador es uno de los países que se ha quedado sin margen de maniobrapara enfrentar una nueva crisis, justamente por su alto nivel de deuda. En ese contexto, el ICEFI recomienda lograr un pacto fiscal.

El sorgo blanco no es un cultivo tradicional agrícola en Honduras, pero se ha convertido en uno de los productos más rentables para el sector agroexportador local. La demanda internacional ha incrementado el interés de los sectores productivos por cultivar este grano, que antes era visto tan sólo como una alternativa de producción con menor escala que el maíz, los frijoles y el arroz.

El sorgo presenta a los productores varias ventajas, una semilla con mayores variedades genéticas, altos precios de mercados y la posibilidad de incrementar la eficiencia sin la necesidad de aumentar las hectáreas de cultivo.

Actualmente las mezclas de las harinas de sorgo blanco y del trigo comercialmente resultan ventajosas para el país. El sorgo cuesta en el campo el quintal US$250.00, con el pulimiento se eleva el quintal a US$400.00 ó US$450.00 en cambio el quintal de trigo está costando US$1.500.00.

Pero también presenta retos, en las últimas semanas los precios al mayorista y al consumidor han experimentado un considerable aumento. Un ejemplo de lo anterior es que en un período de 30 días el precio al consumidor ha aumentado de 25 a 30 lempiras la medida en los mercados de la capital -Zonal Belén y Las Américas-. Tan rentable son los precios que superan al maíz blanco, que se cotiza entre 24 y 26 lempiras la medida.

Este aumento hace que el dinamismo del mercado local sea menor y que los pequeños productores no reciban incentivos para continuar con la producción. Pero en realidad ese no es el objetivo, enviar el producto fuera del territorio hondureño sí lo es.

Y es que la producción está dirigida hacia ese objetivo. Un informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revela que en Honduras la producción anual de sorgo oscila entre 800,000 y 900,000 quintales, pero la capacidad es mucho mayor, en especial con los precios que paga el mercado internacional.

El rendimiento por manzana es de 13 quintales en el ciclo de primera y 25 en la cosecha de postrera. Los departamentos con mayor producción de sorgo son Olancho, El Paraíso, Choluteca y Valle.

Los verdaderos líderes no son solamente aquellos que tienen la capacidad de atraer seguidores, de guiar a una organización o de ser modelo de excelencia, el líder también es situacional, es decir, tiene la capacidad de adaptarse al cambio y de lograr que sus colaboradores también lo hagan.

No existe un estilo único para liderar, el líder debe experimentar con diferentes estilos y métodos para guiar a su equipo. Hay situaciones donde el líder debe ser mas directivo, otros momentos debe dar más apoyo y en otros donde debe delegar. El saber cuándo actuar  como es parte de las variables que debe considerar los lideres dentro de un mundo que es acelerado y convulso.

Ken Blanchard, autor célebre de muchos libros sobre liderazgo habla del concepto del liderazgo situacional. Los empleados en una organización, no importa el tiempo que tengan en la empresa, en momentos determinados deberán enfrentar tareas que nunca ha realizado, o bien ejecutarán otras que en otras oportunidades han hecho.  Esto debe ser identificado por el líder para determinar que estilo de dirección utilizar. El no tomar en cuenta esto nos pondría en riesgo de desmotivar a personas que son expertas en una tarea al dictarles en detalle cómo hacerlas o frustrar un individuo que requiere mucha dirección y que no se le brinda esta en el nivel que necesita.

Cada día, es fundamental tener presente el estilo, y evaluar a conciencia la situación para saber que aplicar y a quien.