En Guatemala, un abogado miembro del Centro Para la Defensa de la Constitución (Cedecon), presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la toma de posesión de los cargos de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) del ex presidente Álvaro Colom y el ex vicepresidente Rafael Espada, por considerar que éstos no fueron designados mediante elección popular.

 

Tras dejar sus cargos el pasado 14 de enero, después de cuatro años de gestión, ambos funcionarios activaron aceleradamente su incorporación al foro regional, cuya sede está en Guatemala, pese a que antes no habían definido una posición clara respecto a su interés por hacerlo. Es decir, después que el nuevo Gobierno asumió el poder, parecieron estar más convencidos de ocupar las curules que dicha instancia tiene reservadas a los ex mandatarios una vez concluye su administración.

 

De acuerdo con el Tratado Constitutivo del Parlacen, los ex presidentes y ex vicepresidentes de los países miembros se convierten automáticamente como diputados de ese órgano al concluir sus mandatos.

 

Por eso, en medios políticos llamó la atención la celeridad con la que Colom y Espada, la semana siguiente a dejar sus puestos, acudieron al Parlacen para ser juramentados, en medio de proclamaciones de las autoridades del organismo afirmando que éste no es un “refugio” de corruptos.

La juramentación de Colom y Espada ocurrió de manera casi paralela a un anuncio hecho por el nuevo presidente de Guatemala, Otto Pérez, a una semana de asumir el cargo: su decisión de investigar posibles actos millonarios de corrupción durante la administración de Colom, especialmente en la ejecución de programas sociales dirigidos por la ex primera dama, Sandra Torres.

 

Con su incorporación al foro, Colom y Espada obtuvieron inmunidad ante la ley, algo que no consiguieron los ex presidentes Alfonso Portillo en 2004 y Óscar Berger en 2008, al llegar a su fin sus mandatos de cuatro años pues ambos se vieron impedidos por una acción de inconstitucionalidad que fue resuelta favorablemente en contra del primero de ellos y que también se aplicó al segundo. Posteriormente, al inicio del gobierno de Colom, el Legislativo aprobó reformas al Tratado constitutivo del Parlacen, con lo que quedó sin efecto el dictamen de la CC.

 

En 2008, cuando el fallo de la CC impidió a Portillo hacerse del cargo que le otorgaba inmunidad en el Parlacen, el ex mandatario decidió huir a México.

En el caso de Colom, la acción promovida ante la CC, esta semana, podría poner fin a sus días de tranquilidad. Una resolución favorable al organismo demandante podría echar por tierra sus anhelos de sosiego. Quien quita, hasta se vería obligado a huir, tal como lo hizo Portillo, porque perdería la inmunidad que le garantiza el Parlacen. 

 

Quizá Colom no fue responsable material de los actos de corrupción que el actual Gobierno está investigando y descubriendo, pero igual tendría que responder ante los tribunales por los actos de sus colaboradores. Es por tanto, igualmente responsable. Es algo parecido a la responsabilidad del comandante de una tropa cuando ésta regresa a su base después de una campaña de genocidio de inocentes y escucha, indiferente, las risas y burlas de los soldados al recordar el sufrimiento de los niños antes de su muerte.