Una de las peticiones constantes del sector privado centroamericano es que el estado cierre portillos en la evasión fiscal antes de crear nuevos impuestos y mucho menos, hablar de una reforma fiscal.

Pero para nuestros países es un reto no cumplido disminuir la evasión tributaria que incluso llega a alcanzar cifras de dos dígitos. La evasión fiscal tanto de empresas como de particulares en Guatemala y El Salvador se elevó a US $ 1 692,9 millones y US $546,2 millones, respectivamente, en 2006, según un estudio publicado en el primer trimestre de 2010, realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (INCEP).

Según el estudio, centrado únicamente en estos dos países de la región, las tasas de evasión del Impuesto sobre la Renta (ISR) se elevaron al 45,3% en El Salvador y al 63,7% en Guatemala, en 2006.

La modernización de los sistemas tributarios tienen una urgente necesidad de modernización que empieza por el fortalecimiento de la administración tributaria, la eliminación de barreras a la información bancaria, la simplicación del sistema tributario y la aplicación rigurosa de sanciones a los delincuentes.

Otro tema poco visualizado es la modernización del sistema aduanero centroamericano que juega un papel importante en la regulación del comercio de bienes. El contrabando es una realidad que se vive en nuestras fronteras y de la cual pocos hablan. El despliegue policial es insuficiente y los equipos de nuestras aduanas son francamente vergonzosos, basta con visitar cualquiera de las fronteras para percatarse de ello.

En El Salvador, el Gobierno alista las bases de licitación para la compra de equipo por un monto de US$ 20 millones que consiste en escaners para instalar en aduanas terrestres, aéreas y portuarias.

¿Será esto suficiente? ¿Dónde están los programas más fuertes, los que fustigan a los evasores? Si ese 45% pudiera eliminarse o incluso disminuirse a un dígito, quizás el problema fiscal no sería tan severo –no soy ingenua, el déficit existiría aunque recaudáramos el 100% de lo que se debe, pero quizás las arcas del gobierno no sufrirían tanto- y los empresarios no tendrían mayor excusa para permitir una reforma que haga más eficientes nuestros sistemas y sobre todo, más igualitarios.